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miércoles 03 de junio de 2020 - Edición Nº2172
Nacionales

Continúa la pelea del gobierno por controlar a formadores de precios

7 abr - Mientras continua el aislamiento obligatorio en todo el país, y tras la notificación de la compra de alimentos con sobreprecios por parte del Ministerio de Desarrollo Social, Alberto avanza con medidas y se tensan las negociaciones.

Ayer se hizo público mediante el Boletín Oficial la compra de alimentos para abastecer a sectores vulnerables de la sociedad por parte de la cartera que dirige Daniel Arroyo. A partir de aquí es que volvió a la agenda la discusión sobre precios, supermercadistas mayoristas y minoristas, y proveedores del Estado.

La compra que realizó el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación incluía diferentes productos de la canasta básica. Diferentes fuentes cercanas al gobierno Nacional aseguraron que el principal problema es la “ultra concentración” de los productores y proveedores de alimentos en el país. De hecho, las empresas proveedoras de la compra en cuestión, son solo seis. De las cuales varias figuran con el mismo domicilio fiscal e incluso con el mismo director. Las empresas son: Sol Ganadera SRL, Copacabana SA, Teylem SA, Forain SA, Alimentos Generales SA y MH Accurso SRL.

La polémica revivió uno de los ejes fundamentales para Alberto Fernández en los meses previos a la declaración del aislamiento social obligatorio, la pelea por el aumento indiscriminado del precio de los alimentos. Hoy mismo Fernández ordenó no pagar a ningún proveedor que no respete con los Precios Máximos que dispuso el gobierno, incluso a los mencionados anteriormente.

En paralelo, se confirmó que el Ejecutivo Nacional se pondrá en consonancia con varios gobernadores, y en particular con Kicillof, para darle la potestad y solicitarles a los intendentes que empiecen a fiscalizar los precios en los supermercados de los distintos distritos, y aplicar “el poder de policía”, en palabras del mismo presidente ayer durante una entrevista que realizó Morales Solá. Los jefes comunales celebraron la medida (incluso algunos ya lo estaban practicando, como Mayra Mendoza en Quilmes, o Fernando Gray en Esteban Echeverría), aunque también aclararon que muchos no cuentan con oficinas de Defensa al Consumidor en sus localidades, o incluso que no disponen del personal necesario para llevar adelante la tarea.

Por último, ayer se acopló el bloque legislativo del Frente de Todos, y circuló un nuevo paquete de leyes que modificarían el mapa tributario. La bancada que preside Máximo Kirchner en diputados, estaría trabajando en una ley que aplique nuevos impuestos a legisladores y funcionarios que tengan patrimonios mayores a 20 millones de pesos, a aquellos que hallan blanqueado sus capitales con la iniciativa del ex presidente Mauricio Macri en 2017, y por último limitar las ganancias de las cadenas de grandes supermercados intentando emular el modelo francés del que tantas veces se hizo mención dentro de algunos sectores del peronismo.

De esta manera se agitan las aguas en los últimos días previstos de cuarentena total, y empiezan a salir a la luz las principales batallas que tendrá el gobierno de Alberto Fernández a la hora de salir de esta crisis económica, social y ahora también sanitaria.

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